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El pasado 7 de junio se autorizó finalmente la venta del Banco Popular al Banco Santander, rebajándose a cero el valor de las acciones de la entidad, lo que supuso que los propietarios de esos títulos perdieran el total de su inversión. Pero hasta llegar a esta situación, ¿qué había sucedido antes?

 

En los últimos años, el Banco Popular había ido comunicando una serie de hechos relevantes sobre su actividad, que fueron publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre los mismos, se encuentran anuncios sobre fugas de depósitos de la entidad, rebajas en las calificaciones crediticias emitidas por las agencias de calificación más destacadas y un largo etcétera hasta llegar a la venta al Banco Santander.

La CNMV es el organismo regulador encargado de garantizar el buen funcionamiento de los mercados, así como la transparencia de los mismos. Teniendo esto en cuenta, en el supuesto que nos ocupa parece evidente que dicho organismo ha vuelto a fallar en su deber. Por desgracia no es la primera vez.

El anuncio de la venta de la entidad no supone una sorpresa. De hecho, el Banco Popular ya en el año 2009 había lanzado una emisión de Bonos Convertibles subordinados que, en un principio, tenían fijado su vencimiento enel año 2013, pero que, ante el grave peligro de pérdidas, fueron objeto de una nueva emisión en 2012 que renovaba la primera. Esta renovación amplió el vencimiento hasta noviembre del año 2015, momento en que se confirma la pérdida de más de un 80 % en la inversión de los afectados.

Banco Popular lleva prácticamente una década «jugando» con su insolvencia. En los últimos diez años hemos asistido a ampliaciones de capital forzadas por riesgo, descensos precipitados en el valor de sus acciones que derivaron en contrasplit, rebajas en la calificación crediticia, etc.

Haber permitido que se llegara a esta situación ocultando el estado real de la entidad es, sin duda, responsabilidad de los administradores del propio banco. Pero no haber detectado la realidad es responsabilidad de los organismos reguladores.

 

 

 

Victor Ortiz Hernández

Responsable del Departamento de Derecho Bancario

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