Los accionistas del Banco Popular pueden recuperar su dinero.
Responsable del departamento de Derecho Bancario de RPV Abogados
Finalmente se han confirmado los peores presagios. Después de unos últimos meses llenos de noticias y rumores, Banco Popular ha sido adquirido por el Banco Santander por el simbólico precio de 1 Euro.
Esta situación ha tenido consecuencias absolutamente devastadoras para los inversores de la entidad, que pierden la totalidad de su inversión. En estas circunstancias se encuentran los accionistas y los titulares de bonos convertibles en acciones. Esas acciones, a día de hoy, tienen un valor exacto de cero Euros.
Se estima que son más de 300.000 los inversores afectados por esta crisis. Más de 300.000 personas que han visto evaporarse su inversión de golpe, sin previo aviso.
La evolución desfavorable de la entidad se viene anunciando en su actuación ya desde el año 2.012, cuando se vio obligada a acudir a una primera ampliación de capital para evitar ser rescatada con dinero público, y ha ido empeorando con el paso del tiempo hasta llegar al punto en el que nos encontramos, pero si todos veíamos venir el descalabro de la entidad ¿cómo puede ser que ni el consejo de administración ni los organismos reguladores intervinieran?
En mayo de 2016 se lleva a cabo una nueva ampliación de capital por importe de 2.500 millones de Euros. Esto se tradujo en una emisión de acciones a un reducido coste que fue ofertada a clientes minoristas en su mayor parte. Estos nuevos accionistas no contaban con toda la información necesaria para ser consciente del estado real de Banco Popular, información que era vital para conocer el devenir en la evolución de esos títulos y poder tomar la decisión de adquirir o no los mismos.
Así, el folleto correspondiente a la operación no advertía de la totalidad de los riesgos y, por si esto no fuera suficiente, el pasado mes de abril la propia entidad admitía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores errores contables por más de 600 millones de Euros.
Vista esta situación, se aprecia que al menos aquellos accionistas que hubieran acudido a la ampliación de capital de mayo de 2016 podrían recuperar su inversión mediante la interposición de acciones civiles individuales.
Nuestro equipo jurídico, a la vista de la documentación aportada por nuestros primeros afectados, ya está trabajando en la articulación de las acciones a ejercitar en defensa de los afectados. Trabajo del que iremos dando a conocer la evolución en este mismo blog.